¿Qué sabes de la nueva ley de cambio climático?

Prácticamente nadie es capaz de mantener a día de hoy, con datos en la mano, que la actividad humana no está impactando negativamente en el planeta y que el aumento progresivo de las temperaturas va a mayor ritmo del esperado hace algunas décadas. Ese calentamiento global está llevando a los principales países industrializados del mundo a adaptar sus legislaciones a un nuevo escenario en el que las emisiones y el origen de las energías que consumimos pasan a un primer plano de importancia. Con el texto ya aprobado y vigente, ¿qué sabes de la nueva ley de cambio climático?

Un planeta que proteger.
Un planeta que proteger | Unsplash

¿Por qué es necesaria una Ley así?

El pasado 8 de abril, el Congreso de los Diputados de España aprobaba la Ley de Cambio Climático y Transición Energética desarrollada a partir de los compromisos adquiridos con la comunidad internacional, que ha iniciado una ambiciosa agenda con objetivos que se han impuesto alcanzar antes del año 2050. Es lo que en muchos textos aparece referido como “neutralidad climática” y que consiste en que un país sea capaz de emitir la misma cantidad de gases de efecto invernadero que puede absorber, a través de bosques o plantas específicamente diseñadas para tal efecto.

Congreso de los Diputados de España.
Congreso de los Diputados de España | Unsplash

Además, ese recorrido hacia el año 2050 cuenta con puntos intermedios donde se tendrán que valorar todas las acciones puestas en marcha. Por eso, 2030 se ha convertido en la primera meta que debemos cruzar y que marca sus propios objetivos. Y son estos:

  • Rebajar las emisiones de gases de efecto invernadero un 23% respecto de las que se producían en 1990.
  • Conseguir que el sistema eléctrico español sea capaz de generar, al menos, el 74% de la energía procedente de fuentes renovables.
  • Y por último, conseguir que la energía limpia y renovable que se consuma en todo el mercado sea del 42%.

¿Cómo se alcanzan estos objetivos?

La forma en la que la Ley instrumenta esos objetivos tiene que ver con cambios visibles en nuestro día a día, con medidas concretas que intentan sacar de nuestra rutina los motores de combustión de los vehículos, así como aquellas industrias que todavía utilizan combustibles fósiles para producir productos o prestar servicios. Así, estos son algunos de los mandatos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética:

  • Promover que el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sea completamente sostenible y no realice emisiones directas de dióxido de carbono a la atmósfera. Por esa razón, en 2040 no se podrán vender modelos con motores que emitan CO₂.
  • Las gasolineras tendrán que colocar puntos de recarga eléctrica, así como impulsar nuevos en edificios y aparcamientos.
  • En 2023, todos aquellos edificios no residenciales tendrán que contar con puntos de recarga eléctrica si disponen de más de 20 plazas de aparcamiento.
  • En el ámbito municipal, todos aquellas poblaciones que superen los 50.000 habitantes tendrán la obligación de adoptar planes de movilidad sostenible, lo que incluye zonas específicas de bajas emisiones.
  • Los municipios de más de 20.000 habitantes también se verán obligados a tomar medidas en este sentido, aprobando ordenanzas que faciliten la existencia de zonas de bajas emisiones.
Torres de distribución eléctrica.
Torres de distribución eléctrica.

¿Cuál es el futuro del sector energético?

En este mismo blog os hemos contado cómo la tecnología está facilitando la implantación de nuevas fuentes energéticas, que vienen a sustituir a las viejas que el hombre ha venido utilizando a lo largo de su historia: el carbón o los combustibles derivados del petróleo han sido uno de los causantes de la actual crisis climática, por lo que es evidente que en esta nueva Ley intentan neutralizarse de forma progresiva, pero contundente.

Es por eso que la nueva Ley establece toda una serie de limitaciones en la producción, distribución y uso de los “yacimientos [...] fósiles en España”, tanto los situados en “tierra como marinas”. Esas medidas...

  • Prohibirán la exploración y realización de proyectos de extracción de hidrocarburos en España y, aquellos que se encuentren vigentes, no podrán prorrogarse más allá del “31 de diciembre de 2042”.
  • La práctica del “fracking”, objeto de polémica en los últimos años, también recibe una prohibición expresa.
  • La minería radiactiva, como la del uranio, también se prohíbe en la nueva Ley.

Como es lógico, el texto pone especial énfasis en un sector tan estratégico como el de la generación de electricidad de fuentes sostenibles. Es por eso que en los últimos años este motor económico ha reducido su impacto en la emisión de gases de efecto invernadero de forma drástica y, de cara a 2030, se espera que las fuentes limpias y renovables supongan el 74% del total. No será hasta 2050 cuando ese porcentaje tenga que alcanzar, obligatoriamente, el 100%.

Instalación \"agrovoltaica\".
Instalación \"agrovoltaica\" | EDF solar

Un plan nacional a la vista

Esta Ley de Cambio Climático y Transición Energética no solo contempla estas medidas que os hemos esbozado de forma genérica sino que, además, debe acompañarla todo un plan estratégico que debe aprobarse cada cinco años. Gracias a esa figura, la Administración podrá identificar y evaluar impactos “previsibles y riesgos” dentro de una serie de escenarios posibles. Eso incluye el análisis de la “vulnerabilidad de los sistemas naturales, de los territorios, de las poblaciones y de los sectores socioeconómicos” vinculados a ellas.

Eso supone que no solo el Gobierno, sino otros actores como son el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, se verán obligados a presentar cada dos años informes conjuntos sobre el grado de “alineamiento” del sector financiero de acuerdo a los objetivos marcados por los Acuerdos de París y los mandatos de la Unión Europea. Finalmente, el desarrollo de la Ley contempla la creación de “un comité de expertos de cambio climático” que tendrá el deber de evaluar la situación y realizar “recomendaciones” sobre las políticas que deben seguirse a lo largo de esta transición que nos ha tocado vivir de aquí al año 2050.

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